Exigencias desproporcionadas: El desafío judicial para las empresas ante el consumo de drogas en el trabajo
En los últimos meses, las áreas de gestión humana en Colombia han revivido un debate judicial relevante: dos sentencias recientes sobre el consumo de drogas han puesto a las empresas en una situación compleja al tomar decisiones disciplinarias. Estos fallos, siguiendo un criterio de tiempo atrás, imponen a los empleadores exigencias probatorias tan elevadas que, en la práctica, limitan su capacidad de actuar preventivamente, incluso en casos de claros riesgos de seguridad. Encontrar el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y la seguridad laboral es cada vez más difícil, especialmente en labores de alto riesgo, como el manejo de explosivos.
Uno de los casos más comentados es el de un trabajador sindicalizado en Sintramienergética, quien, tras una prueba, dio positivo por consumo de marihuana antes de conducir un camión cargado con explosivos. A pesar de lo grave de la situación, la Corte Suprema de Justicia, en su Sentencia SL771 de 2024, determinó que el despido no estaba justificado. La Corte argumentó que el consumo de marihuana no era suficiente para probar una justa causa de despido, debiéndose demostrar de forma clara cómo afectaba el desempeño o generaba un riesgo específico.
El vacío de herramientas preventivas en el manejo del consumo de drogas
Esta jurisprudencia ha generado preocupación en el sector empresarial, pues deja a las compañías con limitada capacidad de actuación objetiva. Aunque el manejo de maquinaria peligrosa o explosivos parecería justificar medidas disciplinarias inmediatas, las exigencias de la Corte obligan a las empresas a presentar pruebas específicas de que el consumo de drogas afecta el rendimiento o pone en peligro la seguridad. Esto deja a las áreas de recursos humanos en una posición difícil, ya que carecen de medios objetivos y rápidos para actuar de forma preventiva.
El problema se agrava porque resulta casi imposible contar con exámenes médicos inmediatos que certifiquen los efectos precisos del consumo en cada trabajador. Aunque existen políticas claras sobre el consumo de drogas, cumplir con las exigencias probatorias se ha vuelto un obstáculo considerable para garantizar la seguridad en entornos laborales de alto riesgo.
¿Demasiada protección al trabajador?
La Corte Suprema se apoyó en la Sentencia C-636 de 2016 de la Corte Constitucional, que establece que el consumo de sustancias no justifica un despido a menos que se demuestre cómo afecta el desempeño o crea un riesgo. Este estándar ha sido interpretado estrictamente, requiriendo pruebas adicionales y creando, en la práctica, un «fuero del consumidor», donde el consumo de drogas no basta para justificar decisiones laborales.
Si bien la jurisprudencia busca proteger los derechos de los trabajadores, las empresas carecen de una guía clara para actuar en situaciones de riesgo. En casos donde el riesgo es evidente, como operar un vehículo cargado con explosivos, las exigencias de la Corte complican la intervención inmediata, obligando a respaldar las decisiones con pruebas difíciles de obtener en situaciones críticas.
Impacto en la gestión humana
Las áreas de gestión humana enfrentan un desafío al intentar equilibrar los derechos individuales con la seguridad laboral. Las elevadas exigencias probatorias dificultan la posibilidad de actuar preventivamente y garantizar la seguridad en el entorno laboral. Para los profesionales de recursos humanos, el reto está en cómo aplicar medidas disciplinarias y políticas preventivas sin pruebas contundentes.
Esta falta de herramientas claras no solo limita la acción disciplinaria, sino también el desarrollo de una cultura de seguridad, lo que puede afectar tanto a los trabajadores como a la reputación de la empresa.
Hacia un enfoque más equilibrado
Aunque la jurisprudencia busca un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las potestades disciplinarias, es evidente que en situaciones de alto riesgo la balanza se inclina hacia la protección del trabajador. La exigencia de pruebas adicionales coloca a las empresas en una situación de indefensión.
Se requiere un enfoque más equilibrado que permita a las empresas actuar preventivamente en situaciones de riesgo evidente, sin menoscabar los derechos fundamentales de los trabajadores. Las soluciones pueden incluir mejoras en la capacidad de realizar exámenes médicos inmediatos y la creación de mecanismos rápidos de evaluación de riesgos.
La seguridad en el trabajo es prioritaria, especialmente en industrias de alto riesgo. Para que las áreas de gestión humana puedan cumplir su rol preventivo y garantizar un entorno seguro, es necesario implementar mecanismos más flexibles y eficientes que ofrezcan a los empleadores herramientas objetivas para tomar decisiones fundadas, sin comprometer la seguridad laboral.
